Neal Shanahan y Dylan Tarín, respectivamente presidente y abogado de ACABA, la asociación que ha demandado a Airbnb en Barcelona / MIKI
Como avanzó Metrópoli Abierta el martes, el Juzgado Mercantil Nº 10 de Barcelona ha admitido una demanda colectiva “por prácticas desleales” contra Airbnb presentada por la asociación ACABA, que aglutina a anfitriones de la plataforma sancionados por el Ayuntamiento de Barcelona
por alquilar su vivienda. El propio juzgado ha requerido ya el listado de los anfitriones multados tanto al consistorio como a la compañía.
Se trata de un hecho histórico a escala mundial: nunca hasta ahora un juez había admitido a trámite una demanda contra la compañía líder del alquiler de pisos turísticos a escala mundial, que tiene su sede central en San Francisco (Cal, USA). Si la demanda prosperase, pondría en un brete a Airbnb, justo a un año de su prevista salida a Bolsa en Wall Street, Nueva York.
Precisamente fue en Nueva York donde hubo dos intentos de llevar a Airbnb a los tribunales, pero los jueces acabaron desechando unas demandas que, en Barcelona, sí van a seguir su curso, a tenor de lo dictado por el Nº10 de lo Mercantil.
La asociación ACABA (Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb) ha planteado la demanda al considerar que la plataforma ha inducido a muchos ciudadanos “a realizar ofertas turísticas sin la correspondiente habilitación y creando la impresión de que podía alquilarse la residencia habitual sin la misma”, según señala la demanda que ha aceptado el juzgado.
MAS DE 5.000 SANCIONADOS
El abogado de Acaba, Dylan Tarín, ha destacado este miércoles, en la sede del Col·legi de Periodistas catalanes, que “se trata de la primera demanda colectiva por prácticas desleales que se presenta en todo el mundo contra Airbnb”. Junto a él ha comparecido Neal Shanahan, también afectado en su día y presidente de la propia asociación, así como cuatro personas que han vivido en sus carnes la problemática y que fueron sancionadas por el Ayuntamiento.
Tarín ha señalado que la demanda es la respuesta de más de un centenar de ciudadanos (102 en concreto) que actúan como anfitriones de turistas que utilizan Airbnb, ante las multas que han recibido del consistorio barcelonés “por alquilar sus residencias habituales de manera esporádica”, sanciones que rechaza por “indiscriminadas”.
Documentación en la que se sustenta la demanda contra Airbnb / MIKI
Según ACABA, hasta 5.077 usuarios de la plataforma de alquiler turístico han sido sancionados en un periodo de dos años (2016 y 2017), de los que más de 2.500 habrían recibido multas por importes de 30.001 euros y otras 2.577 por importes de 60.001 euros.
La cuantía total de las sanciones ascendería a más de 229 millones de euros (en concreto, 229.620.000€), una cifra que, llegado el caso de que la demanda siguiera adelante, debería ser tomada en consideración como posibles daños y perjuicios.
UN VÍDEO A LA CONTRA
Con la demanda, la asociación pretende conseguir, por un lado, una reparación económica por estas sanciones y, por otro, que se prohiba a Airbnb que siga publicando anuncios de alojamientos turísticos sin la correspondiente habilitación “haciendo publicidad confusa sobre ello”.
Dentro de su estrategia reivindicativa, el colectivo ha presentado un vídeo que es una parodia de otro de Airbnb que se ha visto por televisión. En él, el protagonista -un actor- lee una carta a una turista americana a la que recibió en su propia casa utilizando Airbnb, y a la que descubrió la ciudad. Al cabo de unos meses, le está explicando que el Ayuntamiento le ha puesto una multa de 60.000 euros…
El vídeo se titula: “Mira lo que me ha pasado por querer compartir Barcelona con el mundo“.
El Juzgado Nº 10 de lo Mercantil barcelonés ha hecho pública una diligencia de ordenación en la que requiere a Airbnb y al Ayuntamiento de Barcelona para que en el plazo de un mes entreguen a ACABA sus listados de los usuarios de la plataforma que no cuentan con la correspondiente habilitación para alquilar sus viviendas para uso turístico.
En el caso específico del consistorio, se le requiere a “informar también de aquellos anfitriones que tienen procedimientos administrativos sancionadores abiertos”.
Tarín ha explicado que ACABA nació el año pasado para amparar a aquellos usuarios de Airbnb que la utilizaron “de buena fe” y no para especular. Y ha insistido en que las personas físicas que alquilaban su vivienda habitual de manera puntual lo hacían, en su mayoría, “por necesidad, no para beneficiarse”.
Del total de 102 casos de los miembros de ACABA que han recibido sanciones, un 60 % no ha tenido que pagar finalmente la multa porque su procedimiento se ha cerrado por falta de pruebas, mientras que continúan vivas el 40 % restante.
Una de las afectadas, Noemí Muñoz, ha contado a MA que la suya “era de 30.000 euros y al final, gracias a la presión de ACABA, el Ayuntamiento me la retiró”.